En el mundo del trabajo toda persona tiene derecho a gozar de un entorno libre de violencia, discriminación y acoso, así como la posibilidad de tener un trabajo digno y seguro. Al respecto, desde el tema legal, varias son las normas que obligan a los empleadores a implementar medidas para prevenir, atender, investigar y sancionar conductas de violencia y discriminación en el ámbito laboral.
Con el Decreto 1040 de 2026, expedido por el Ministerio del Trabajo, se establecen nuevas medidas de protección frente al acoso, la violencia basada en género y la discriminación laboral, reforzando las disposiciones existentes del Decreto 1072 de 2015. Lo que obliga a las empresas y empleadores a fortalecer sus Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante acciones específicas como la unificación de todas las normas que cobijan este derecho en una sola política o protocolo, actualizando los ya existentes, la socialización y capacitación a los trabajadores sobre las rutas de atención y las disposiciones legales, y la actualización de los contratos de trabajo y reglamentos internos con la inclusión de las disposiciones del nuevo decreto.
Con esta nueva reglamentación se amplía el marco de protección de los trabajadores teniendo en cuenta aspectos como los enfoques diferenciales, interseccional y de género, abarcando tanto el sector público y privado, los diferentes tipos de contratación laboral y espacios de trabajo presenciales y virtuales, entre otras particularidades.
¿Cuáles son las nuevas disposiciones del Decreto 1040 de 2026?
En cuanto al ámbito de aplicación la norma es clara al mencionar que esta cobija a todos los sectores, público, privado, de la economía formal e informal, en zona rural y urbana, espacios de trabajo tanto virtual como presencial, así como los espacios de formación para el trabajo.
¿A quiénes protege este decreto?
La nueva reglamentación protege a trabajadores asalariados, trabajadores informales, independientes, personas en formación como pasantes, aprendices, practicantes, trabajadores despedidos, voluntarios, personas en busca de empleo, postulantes a empleo y personal directivo.
¿Cuáles son las principales obligaciones para los empleadores?
- Implementar y socializar una política de prevención: que garantice un entorno laboral libre de discriminación, acoso y violencias; que entre otros aspectos, sea elaborado con la participación de los trabajadores y sindicatos, incluya acciones de prevención y promoción de espacios laborales seguros, derechos y deberes de las personas involucradas y se articule con los sistemas de gestión de seguridad ye salud en el trabajo.
- Implementar un protocolo de prevención, atención y sanción: que desarrolle rutas de atención integral, canales seguros para las denuncias, medidas de protección para las víctimas, acciones preventivas y correctivas, entre otros aspectos.
- Actualizar los reglamentos internos: juntos con los contratos de trabajo y otras formas de contratación, con el fin de incorporar las disposiciones del Decreto 1040 de 2026.
- Implementar campañas de prevención y capacitación: que promuevan la igualdad y un ambiente de trabajo libre de violencias.
- Establecer medidas para la atención de casos de acoso y violencias: que permitan identificar, gestionar y registrar las quejas, actuar con debida diligencia, activar las rutas de atención, adoptar medidas de protección y atención integral para las víctimas, etc.
- Habilitar canales para las quejas: como mecanismos electrónicos, físicos o verbales que permitan estricta confidencialidad.
Si bien ya existe un marco legal que contempla obligaciones y garantías como la Ley de Acoso Sexual Laboral y otras normas nacionales e internacionales, el Decreto 1040 de 2026 se establece para reforzar dichas medidas y abarcar aspectos relevantes y contundentes para la protección de las víctimas de acoso, violencia basada en género y la discriminación laboral, obligando a empresas y empleadores a evaluar y actualizar sus políticas sobre la gestión del talento humano, la prevención de los riesgos psicosociales y el establecimiento de una cultura organizacional que promueva espacios de trabajo seguros, en los que la dignidad y el respeto sean el foco principal, entre otros.
