En materia de investigación de accidentes laborales la normatividad colombiana es estricta y de cumplimiento obligatorio. Las obligaciones contempladas en ella permiten no solo identificar las causas, hechos y las situaciones que originaron los eventos para implementar las debidas medidas correctivas, sino que también se constituyen como una herramienta preventiva para evitar la ocurrencia de eventos similares. Sin embargo, cuando se tratan de accidentes mayores relacionados con sustancias químicas peligrosas que trascienden el ambiente laboral —pudiendo afectar el medio ambiente y la comunidad en general—, la investigación de estos sucesos debe ser más profunda y con un enfoque preventivo y de mejora continua.
Precisamente, para fortalecer la investigación de los incidentes y accidentes mayores en el marco del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM), el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 2091 de 2026, mediante la cual se reglamentan las obligaciones y requisitos mínimos para la investigación de estos eventos. Con esta medida, Colombia adopta un paso decisivo para la gestión del riesgo químico industrial, evolucionando la manera de gestionar las emergencias en organizaciones consideradas como instalaciones clasificadas.
Esta resolución, que se concibe desde un enfoque integral, busca reducir los riesgos asociados a las actividades productivas que usan sustancias peligrosas, así como disminuir sus consecuencias. No obstante, no todas las empresas que utilizan sustancias químicas están obligadas a implementar los requerimientos de esta norma; la exigencia recae sobre los establecimientos identificados como “instalaciones clasificadas” dentro del PPAM.
Una de las novedades de la norma es que estandariza el proceso de investigación de los incidentes y accidentes mayores con la implementación de un marco metodológico, “el cual deberá ajustarse a las características de la actividad económica y al desarrollo técnico o tecnológico de la instalación”. Este marco, que se instituye como una herramienta orientada a prevenir dichos eventos, debe basarse como mínimo en los siguientes requisitos:
- Integrado y estructurado: debe hacer parte del Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores – SGSPAM
- Imparcial y basado en evidencia técnica: que le permita gestionar los posibles conflictos de interés.
- Inclusivo y participativo: incluir diferente perspectivas en el proceso de investigación (trabajadores, contratistas y responsables de las actividades, entre otros)
- Orientado a la prevención: se enfoca en la identificación de las causas raíz y no en la búsqueda de responsables
- Enfocado en la identificación de causas y en la adopción de medidas correctivas y preventivas
Asimismo, la Resolución 2091 de 2026 establece que los responsables de las instalaciones clasificadas deben cumplir con ciertas obligaciones específicas. Entre ellas se destacan: adoptar un marco metodológico para la gestión e investigación de incidentes de Nivel 1 y 2 y accidentes mayores; definir la metodología de investigación; gestionar los incidentes; conformar del equipo investigador; generar y conservar la información documentada derivada del procesos; e implementar las medidas de intervención.
Otro de los puntos clave del documento normativo es la exigencia de informes de investigación más robustos que no se limiten a una simple descripción de los accidentes ocurridos, sino que toda la información recopilada debe transformarse en una herramienta útil y estratégica para la toma de decisiones. De esta manera, se facilita la implementación de mejoras continuas y el cumplimiento legal en los procesos de inspección de las autoridades.
Esta norma, con vigencia a partir del 14 de julio de 2026 (fecha de su expedición), otorga un plazo de seis meses para que las instalaciones clasificadas carguen y reporten ante el Ministerio del Trabajo los informes de investigación de accidentes mayores pendientes. Es importante destacar que dicho plazo empezará a correr una vez el Ministerio habilite la herramienta tecnológica elaborada para tal fin.
En términos generales, dicha resolución marca un hito en la gestión del riesgo industrial, ya que exige a las empresas pasar de una cultura reactiva a una preventiva mediante investigaciones de accidentes más profundas. La implementación de esta norma no solo fomenta el cumplimento de medidas para salvaguardar los entornos laborales, sino que también mitiga los riesgos que pudiesen afectar a la comunidad y el medio ambiente.
